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Ley de Aborto: la eliminación sistemática de personas con discapacidad

Actualizado: 22 de mar de 2018

En los países con aborto libre se descarta alrededor del 90% de los casos detectados de discapacidad, como Síndrome de Down.

La correlación entre diagnóstico prenatal y eliminación del concebido con alguna malformación se presenta como un hecho comúnmente aceptado. Ello es gravemente discriminatorio y ofensivo hacia la dignidad de las personas discapacitadas.


El proyecto de Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, autoriza el aborto sin expresión de causa hasta la semana 14, y, luego de ese plazo, por malformaciones fetales graves. Se trata de una causal que supone la realización de un diagnóstico prenatal, que permite comprobar la presencia de una discapacidad en la persona por nacer. Con tal resultado, muchos países permiten el aborto, en algunos casos incluso hasta el momento mismo del nacimiento. Genera así las condiciones jurídicas que impulsan sutiles pero poderosas formas de presión sobre los médicos y los padres para que procedan a la eliminación sistemática de las personas con discapacidad.


Esto ya sucede hace años en los países donde el aborto es legal. En un artículo que recoge una amplia encuesta realizada en 18 países de Europa referida a 1.300.000 nacimientos, se consigna que se detectaron prenatalmente 68% de los casos de Síndrome de Down, de los cuales 88% terminaron eliminados por aborto. La tasa del 90% de abortos luego de diagnóstico prenatal de Síndrome de Down ha sido señalada en Gran Bretaña, Australia, China y los Países Bajos.


Si bien la ley no obliga a abortar a las personas con discapacidad, su eliminación sistemática se produce por la presión sobre el médico, quien se ve obligado a recomendar estudios prenatales o incluso el mismo aborto por temor a sufrir acciones por mala praxis o “wrongful birth” (nacimiento equivocado). , y por presión hacia los padres, desde un sistema de salud que pretende cobrar mayores primas por la cobertura de discapacidades que pudieron ser eliminadas prenatalmente. Todos terminan optando contra la vida del niño por nacer, sobre la base de meras presunciones que pueden ser erróneas.


El aborto por malformaciones es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

España fue observada por lo mismo que se propone en el proyecto de ley en Argentina. La Convención sostiene "el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas“. Insta a los Estados Partes a "modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad“y a reafirmar "el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás“.


Fuente: Centro de Bioética Persona y Familia




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