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El aborto libre conlleva eliminar a las personas con discapacidad


En muchos países, las niñas y niños con Síndrome de Down son descartados antes de nacer.

La ecografía y los estudios genéticos han permitido conocer con más precisión la realidad biológica de la persona por nacer. Ahora bien, cuando se legaliza el aborto se produce una ventana de tiempo en que el aborto se considera como una opción en función del resultado de un estudio prenatal.


Al respecto, cinco de los proyectos de ley en debate en Diputados proponen, con ligeras variantes, legalizar el aborto por “malformaciones fetales graves”. Llamativamente, en los fundamentos no se explicitan las razones de esa inclusión. Ahora bien, abortar a una persona por su discapacidad es una radical forma de discriminación. El tema ha llamado la atención del Comité de la ONU que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha hecho recomendaciones a países como España, Austria, Hungría y Gran Bretaña para que modifiquen su legislación.


¿Pero qué pasa si quitamos esa referencia a las malformaciones fetales graves de la ley de aborto libre? El problema de la eliminación sistemática de personas con discapacidad subsistiría igual pues es inherente al aborto libre. En efecto, hasta la semana 14 los padres tendrían tiempo para abortar sin expresar causa. Y justamente hasta esa semana se pueden obtener estudios prenatales que permiten detectar la discapacidad.


¿Significa ello que la ley obliga a abortar? No lo dice literalmente, pero se generan mecanismos de presión que actúan sobre la madre, el padre, los médicos y la sociedad en general para que se aborte a las personas con discapacidad. En países con aborto libre, con acceso a estudios prenatales, se elimina alrededor del 90% de las personas a quienes se detecta una discapacidad, como por ejemplo Síndrome de Down.


¿Pero cómo puede suceder ello si no es obligatorio abortar? En realidad, la presión opera a través de tres mecanismos:


  • En primer lugar, estudios genéticos cada vez más precisos, tempranos, seguros y accesibles se tornan rutinarios y se vuelven parte de los controles del embarazo. Por ejemplo, ya no hace falta hacer una punción para obtener células fetales. Basta una extracción de sangre, pues hay estudios no invasivos que desde la semana 10 detectan y luego analizan células fetales en sangre materna y son indicados para trisomías 18 y 21.


  • El médico recomienda en todos los casos los estudios prenatales o incluso el mismo aborto por temor a sufrir acciones por mala praxis de parte de los mismos padres que, si naciera un niño con discapacidad, podrían pretender demandarlo por haber perdido la chance de abortar a tiempo.


  • Los padres sufren la presión cultural por la calidad de vida del niño y económica del sistema de salud que pretenderá cobrar mayores primas por la cobertura de discapacidades que pudieron ser eliminadas prenatalmente. Es como si el sistema dijera a los padres: ¿por qué debemos pagar nosotros los mayores costos de salud de una persona con discapacidad si Uds. pudieron abortarla a tiempo?


Se advierte así que si bien formalmente los padres son libres para no abortar, se ven fuertemente condicionados y empujados a ello.


Por Nicolás Lafferriere, director del Centro de Bioética, Persona y Familia. Publicado originalmente en la agencia Télam

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